El vicepresidente del Govern y consejero de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este miércoles la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala de juegos en Baleares: la del local de la calle Cabana (Marratxí), la cual se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), el plazo de apertura del cual venció el pasado mes de febrero.
El vicepresidente ha anunciado, además, una propuesta de modificación de la Ley del Juego que incluye, entre otras cosas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca en la mitad, y que acaba de superar el periodo de alegaciones. Con estas medidas, el Gobierno se asegura que no se concederán más licencias de juego en las Islas en las próximas décadas. Las Islas Baleares se convierten así en la primera comunidad autónoma de todo el Estado a impedir, de facto, la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.
El vicepresidente Yllanes ha hecho este anuncio en la reunión de la Mesa Social del Juego que se ha celebrado este miércoles en la Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno, y en la cual también han participado el director general de Comercio, Miquel Piñol; el secretario autonómico de Memoria Democrática y Sectores Productivos, Jesús Jurado; la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font; el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y los tenientes de alcalde Neus Serra i Joan Francesc Canyelles; la vicedecana del Colegio de Psicólogos, Maria José Martínez, así como representantes de diferentes asociaciones y plataformas de la sociedad civil, entre ellos: Catalina Cebrián, de la Plataforma Vecinal de Marratxí; Miquel Àngel Guerrero, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA); Júlia Monge, de la asociación de ludópatas Juguesca; Maria Eugènia Janer, del Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Islas Baleares; o Toni Parets i María Fernández, de Proyecto Hombre.
El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha explicado que con esta decisión se pone por ante la salud pública otros aspectos como el económico. “Quiero destacar la colaboración entre la administración y la ciudadanía. Hemos demostrado que nos preocupan las mismas inquietudes que tienen nuestros vecinos y se ha demostrado que la tarea coordinada de las asociaciones y la admnistración ha sido realmente efectiva. Quiero dar las gracias a todas estas entidades por velar por la salud de nuestro municipio y por poder continuar con un ocio saludable que mira por el bienestar de todos los ciudadanos. Hoy es un buen día para Marratxí y sus ciudadanos”.
Yllanes ha querido agradecer a los asistentes que hayan puesto a disposición del Gobierno sus diferentes perspectivas de los juegos de azar “como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio”” como, ha lamentado, “se había tratado hasta ahora”.
En este sentido, el vicepresidente ha insistido en la apuesta del Gobierno «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal», además de evitar “que la Comunidad se convirtiera en un Las Vegas low cost”, y ha recordado algunas de las iniciativas normativas impulsadas desde la Vicepresidencia a través de la Dirección General de Comercio.
Así, hay que destacar la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite. O la suspensión de licencias a las postrimerías de la moratoria, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia. Es el caso de los locales de Inca y Marratxí, que habían generado una fuerte contestación social y vecinal. En el segundo caso, la revocación definitiva ha estado posible gracias a la implicación personal del vicepresidente Yllanes y del alcalde de Marratxí, Miquel Cabot.
“Fruto de la colaboración entre el alcalde de Marratxí y del vicepresidente del Gobierno se ha podido convencer al sector de la necesaria autoregulación para evitar un conflicto de convivencia vecinal”, ha señalado el director general de Comercio, Miquel Piñol.
A esto se suma ahora la propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014, anunciada también hoy por el vicepresidente Yllanes, que fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —ahora partimos de 140 salas—, tres casinos y cuatro bingos, la cual incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se consiga esta cifra; por lo tanto, hasta que el número actual de salas no se reduzca hasta prácticamente la mitad.
Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias e implica, de facto, que el Gobierno no concederá más licencias de juego en las Islas, al menos en las próximas décadas. Esto convierte Baleares en la primera comunidad autónoma de todo el Estado a adoptar una medida de estas características.
“En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todas y todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en nuestras Islas”, ha dicho Yllanes. “No podíamos continuar duplicando la media española de salas por habitante”.
